Con este proyecto se ha fortalecido la capacidad de respuesta de comunidades rurales y periurbanas frente a la inseguridad alimentaria, en un contexto de crisis superpuestas y prolongadas, a través de acciones integrales que incorporan los enfoques de derechos humanos, género, interseccionalidad y cuidado del medio ambiente.

En el marco del primero componente, dirigido a promover el acceso y disponibilidad de alimentos fomentando la producción familiar, se mejoraron las capacidades productivas de 207 personas (123 mujeres y 84 hombres) mediante procesos de formación en producción agroecológica, derecho a la alimentación y sostenibilidad ambiental. Gracias a este acompañamiento, se observaron avances concretos en el uso de abonos orgánicos, manejo adecuado de suelos, riego eficiente y sanidad animal. Además, 51 mujeres emprendedoras impulsaron unidades productivas familiares, aplicando hasta 7 técnicas agroecológicas, como fitotoldos, galpones, módulos de hongos y jaulas para animales menores. Estas innovaciones permitieron diversificar la dieta familiar con productos como hortalizas, cuyes, pollos y hongos, mejorando así la nutrición e incrementando la producción hasta en un 40,22%.

Respecto al resultado esperado de mejorar el uso de los alimentos y los factores que contribuyen a una alimentación saludable, el proyecto promovió prácticas de vida más saludables y prevención de enfermedades. A través de 30 sesiones de capacitación y 2 demostrativas, 279 personas (170 mujeres y 109 hombres) fortalecieron sus conocimientos sobre alimentación saludable, higiene y manipulación segura de alimentos. El monitoreo posterior a 52 personas (otras 139 familias fueron monitoreadas en coordinación por los establecimientos de salud) mostró mejoras claras en hábitos de higiene, consumo de agua segura, manejo adecuado de los alimentos y actividad física. Las sesiones también ayudaron a reforzar la prevención de la anemia, especialmente en niñas, niños y gestantes. Por otro lado, en 15 campañas de salud comunitarias, más de 1.000 personas accedieron a servicios médicos, detectándose 191 casos de enfermedades no transmisibles como anemia y sobrepeso, que fueron oportunamente derivados a centros de salud. Estas acciones han tenido un impacto directo en el bienestar de las familias, reduciendo riesgos sanitarios y fomentando una cultura de cuidado y prevención.

Finalmente, el proyecto apostó por el fortalecimiento de la institucionalidad local, promoviendo la articulación entre la sociedad civil y los gobiernos locales en torno a la seguridad alimentaria. Ocho lideresas y cuatro líderes comunitarios, integrantes del Comité de Incidencia, elaboraron e implementaron el Plan de Incidencia “Promoviendo la alimentación saludable para el presente y futuro de los niños y niñas”, desarrollando 21 acciones concretas ante autoridades, organizaciones locales y en sus propios territorios. Paralelamente, treinta funcionarios/as públicos culminaron un programa de especialización y formularon 6 propuestas municipales vinculadas a la seguridad alimentaria. Gracias a este trabajo conjunto, las acciones del proyecto se incorporaron en los planes operativos de cinco municipalidades (Cusco, Poroy, Santiago, Oropesa y Lucre), con un nivel de cumplimiento cercano al 95%. A través de ferias, campañas y más de 40 reuniones interinstitucionales, se movilizó a más de 2.800 personas, consolidando espacios de participación ciudadana, articulación pública-comunitaria y sostenibilidad de las acciones impulsadas.