El proyecto buscó fortalecer la capacidad institucional del Estado a nivel local para generar mecanismos de promoción y difusión de estrategias para la prevención y erradicación de la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. Las actividades se centraron en cuatro distritos de la ciudad de Cusco (Cusco, Santiago, San Sebastián y San Jerónimo), donde se concentra gran parte de población migrante de zonas rurales en barrios populares de la periferia urbana con pensamientos aún machistas que muchas veces desemboca en violencia dentro del núcleo familiar.

Durante el confinamiento, el incremento de las tensiones en el hogar y la convivencia permanente con el agresor, agravó la violencia intrafamiliar en sus diferentes tipos. Según reporte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la Línea 100 registró un total de más de 145.998 llamadas telefónicas.

Como un primer resultado, se logró generar estrategias y mecanismos para que mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad conozcan los procedimientos y requerimientos para el acceso a mediación y resolución de conflictos frente a problemas familiares o situación de violencia y accedan de manera oportuna a los servicios especializados de protección que reviertan su situación. A través de las Defensorías Municipales de la Niña, Niño y Adolescente (DEMUNAs) se potenció un trabajo articulado y de promoción y prevención contra todo tipo de violencia, fortaleciendo las capacidades de las juntas vecinales de seguridad ciudadana para que, de manera coordinada, hagan una fuerte labor de promoción y sensibilización sobre estrategias de prevención y erradicación de la violencia. También se realizaron campañas de asesoría legal dirigida a mujeres víctimas de violencia sobre los procedimientos y requisitos para la mediación y resolución de conflictos, generando un acercamiento a los operadores de justicia con conocimiento previo sobre su situación legal.

Por otra parte, se fortalecieron los servicios públicos municipales promotores de derechos, como para que cuenten con adecuadas capacidades resolutivas. En coordinación con el MIMP se capacitó a los defensores de las DEMUNAS en estrategias de mediación y resolución de conflictos, y se les asesoró en el adecuado proceso administrativo de emisión de actas resolutorias de conciliación extrajudicial y acompañamiento y en el seguimiento al cumplimiento de acuerdos de las partes en conflicto. Igualmente se acompañó con regularidad a las DEMUNAs con el seguimiento al sistema de desarrollo social, especialmente por el continuo cambio del personal de esta área. Mediante la implementación de las diferentes actividades se logró que los gobiernos locales respondan con eficiencia a la demanda de la ciudadanía en la prestación de los servicios públicos de mediación y resolución de conflictos.

Finalmente, se trató de empoderar e informar a la ciudanía a través de las organizaciones sociales locales participantes en el proyecto por redes sociales, medios de comunicación masivos y eventos presenciales, para que generen estrategias de prevención de violencia y demanden a sus gobiernos la prestación de servicios de protección y restitución para el pleno ejercicio de sus derechos civiles y sociales con el objetivo común de avanzar en la consecución de las condiciones básicas necesarias para una vida digna.

Con el proyecto se ha llegado a un total de 5.498 personas, 4.035 mujeres y 1.463 hombres.