El proyecto buscó la mejora de los procesos de modernización del Estado para que incorpore políticas de género y la inclusión de poblaciones vulnerables en los distritos de Poroy, Cachimayo, Chinchero y Maras del departamento de Cusco.

La población sujeto final del proyecto lo constituyeron personas de zonas rurales y urbanas que padecen problemas de exclusión por diversas razones (género, cultura, edad y discapacidad), brechas que se acentuaron mucho más en el proceso de confinamiento social por la declaración de emergencia nacional, al no poder ejercer sus derechos de libre tránsito y, por ende, desarrollar libremente sus actividades económicas, sociales y de participación ciudadana.

Esta intervención benefició a 2.892 personas pertenecientes a organizaciones sociales y productivas, servidoras y servidores públicos de las áreas de atención a la ciudadanía y gestores de proyectos de inversión, así como actores de los espacios de coordinación y concertación social y de los comités de vigilancia ciudadana de los distritos del ámbito de intervención.

El propósito del proyecto fue buscar que las municipalidades, organizaciones sociales y espacios de concertación de estos 4 distritos cuenten con mayores habilidades para producir políticas públicas de cierre de brechas que transversalicen la equidad de género y el enfoque basado en derechos humanos desde 3 resultados:

Un primer resultado buscó mejorar la adecuada implementación del proceso de planificación institucional, transversalizando la equidad de género y el enfoque basado en derechos humanos en los objetivos estratégicos, proyectos y actividades municipales. A este tenor, los Planes Estratégicos y Operativos Institucionales (PEIs y POIS) incorporaron objetivos y acciones estratégicas específicas para promover la equidad de género y la inclusión social de la población vulnerable, articulando los indicadores que cierren estas brechas y les permita ir verificando los avances en la implementación de las políticas públicas enfocadas en la disminución de prácticas machistas y la discriminación hacia las poblaciones más vulnerables.

Un segundo resultado persiguió que los espacios de concertación y/o coordinación cuenten con capacidad de incidencia para la incorporación de la equidad de género y la inclusión social en los procesos de planificación de la gestión edil (PEIs y POIS). A través de estos espacios, con participación pública y privada, se consiguieron implementar actividades de seguimiento al sistema de indicadores de cierre de brechas que se han definido en los instrumentos de gestión municipal, especialmente los referidos a la equidad de género y la inclusión social de la población vulnerable.

Un tercer resultado se dirigió a que los servicios públicos municipales cuenten con estrategias activas para incorporar mejores estándares para la inclusión social y la equidad de género. Estos servicios que prestan las municipalidades disponen ahora de medidas afirmativas en organización a través de la implementación de señalética inclusiva y atención a población vulnerable con la implementación de los espacios lúdicos que promuevan la equidad de género y la inclusión social. Los servicios definidos fueron la Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad (OMAPED), la Defensoría Municipal del Niño/a y Adolescente (DEMUNA), entre otros, que contarán con estándares de calidad e indicadores que se identifiquen en sus PEIs y POIs.

La intervención del proyecto fue oportuna y respondió a mejorar las limitaciones de las municipalidades en el inadecuado planeamiento institucional que limitaban su efectiva gestión, puesto que mostraba la desarticulación entre sus diferentes planes, que además estaban desactualizados. Ante esta problemática se planteó como objetivo general incrementar el bienestar de la mujer y poblaciones vulnerables para que pudieran acceder a políticas públicas enfocadas en la disminución de prácticas machistas y la discriminación, además la prestación de servicios públicos inclusivos con una población en situación de vulnerabilidad y sin capacidad para influir en las decisiones públicas, provocando desencuentro entre la sociedad civil y la administración municipal, y dando lugar a situaciones que limitan los procesos de modernización de la gestión pública.

Desde las acciones del proyecto se contribuyó a que se inicien adecuados procesos de modernización del estado, incorporando políticas de género y la inclusión de poblaciones vulnerables en sus planes institucionales, fortaleciendo las capacidades de mujeres y hombres, mediante un proceso de formación tipo in house para mejorar sus capacidades en la articulación de sus instrumentos de gestión. También se fortaleció las capacidades para que las lideresas y líderes de los Comités de Vigilancia Ciudadana de los 4 distritos ejerzan sus funciones con estrategias para hacer vigilancia a la prestación de los servicios públicos.

En cada municipalidad se ha identificado y elaborado el diagnostico de brechas y se han actualizado los PEIs. A partir de estos, las municipalidades, en el marco del presupuesto participativo, han priorizado la cartera de inversiones para su programación multianual de inversiones. Por tanto, en sus PEIs, la Alta Dirección ha plasmado sus objetivos estratégicos y las principales líneas de acción para el cierre de las brechas identificadas en el corto, mediano y largo plazo, incorporando indicadores que permitan el cierre de brechas en el acceso y disfrute de los servicios públicos municipales.

Por otro lado, la formulación de las fichas técnicas simplificadas de proyectos de inversión y fichas técnicas de inversión productiva en las municipalidades han permitido la incorporación de proyectos e iniciativas productivas que incorporan el enfoque de género logrando la ampliación real y permanente de opciones para las mujeres respecto a su acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo, a la vez que fortaleció también a las organizaciones sociales bajo sus condicionantes socioeconómicos, culturales, etéreos, étnicos. Por medio de la incorporación de la perspectiva de género en la planificación e identificación de cierre de brechas, se ha contribuido a romper barreras culturales y fortalecer la equidad social e inclusión de población vulnerable en los 4 distritos.

Además, considerando que los hombres y las mujeres tienen derecho a participar, en condiciones de igualdad y equidad, en los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas y bienestar, y tomando en cuenta que la diversidad de opiniones, de experiencias y de conocimientos técnicos de la sociedad civil constituye un recurso importante y valioso para promover iniciativas y respuestas de los gobiernos e instituciones democráticas, resultó adecuado fortalecer el trabajo de las organizaciones y espacios de concertación en los 4 distritos. En general estos espacios conformados por líderes y lideresas están retomando sus actividades de forma paulatina al haber estado más de dos años (2020 y 2022) con limitaciones para poder realizar sus actividades como consecuencia de la pandemia por Covid-19.